En España, el auge de la inversión sostenible ha cobrado un impulso sin precedentes, pero persisten desafíos clave que requieren atención urgente. A medida que crece el interés por alinear finanzas y responsabilidad social, necesitamos estrategias claras y medibles para maximizar el impacto.

Este artículo explora el estado actual de los fondos ESG, analiza las tendencias sociales para 2026, revisa los instrumentos de inversión de impacto y propone soluciones regulatorias y prácticas. Nuestra meta es ofrecer herramientas y recomendaciones prácticas para inversores conscientes.

Fondos Artículo 9: retos y posibilidades

Los fondos clasificación artículo 9 representan la máxima ambición dentro de la regulación SFDR, destinados a generar impacto positivo social y ambiental. Sin embargo, en junio de 2025, apenas el 0,6% del patrimonio sostenible en España se concentra en estos vehículos, con un total de 2.582 millones de euros frente a 159.504 millones del mercado sostenible global.

Entre los principales obstáculos destacan el riesgo de greenwashing y falta de claridad en los criterios, así como la limitada alineación con el Acuerdo de París. De hecho, la proporción de inversiones de los fondos ‘Dark Green’ compatibles con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC descendió del 72,4% al 63,6% entre 2022 y 2024.

Adicionalmente, las referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible suelen ser genéricas y difícilmente medibles. Para revertir esta tendencia, es imprescindible reforzar los estándares, definir indicadores claros y promover prácticas de diligencia debida y transparencia.

Tendencias Sociales en ESG para 2026

La dimensión social de ESG se posiciona como el factor diferencial en la próxima fase de la inversión sostenible. Al igual que las variables ambientales han dominado el debate, ahora emergen con fuerza aspectos como derechos humanos, equidad y justicia en la transición verde.

Una de las prácticas más innovadoras es la metodología Business for Societal Impact (B4SI), adoptada por Deutsche Telekom desde 2015. Con KPIs como “Community Contribution” y “Beneficiaries”, se mide tanto el aporte económico como el número de beneficiarios, cerrando la brecha entre filantropía y valor social.

El Social Return on Investment (SROI) se perfila como una herramienta esencial, ya que traduce resultados en valor monetario para los distintos grupos de interés. Para lograrlo, las organizaciones deben articular teorías de cambio precisas: definir transformaciones esperadas, grupos clave, indicadores de seguimiento y mecanismos de verificación.

El Informe B4SI 2024 revela un avance significativo: empresas que anteriormente organizaban proyectos dispersos, ahora integran estrategias de impacto alineadas al negocio, midiendo insumos, resultados y cambios comunitarios con mayor rigor.

Otro eje crítico es la just transition, que busca mitigar el riesgo de desigualdades en los procesos de descarbonización y digitalización. A día de hoy, apenas el 3% de la ayuda climática internacional se destina a transiciones justas para trabajadores y comunidades de industrias intensivas en carbono.

Instrumentos Financieros con Impacto Social

Para canalizar capital hacia proyectos de impacto, existe un abanico de instrumentos diseñados con distintos enfoques y marcos regulatorios. La transparencia y la integridad en la emisión y el seguimiento son imprescindibles para garantizar el éxito y la confianza de los inversores.

• Bonos verdes: Con emisiones globales de 2,9 billones de dólares en 2023, financian renovables, eficiencia energética y transporte sostenible, respaldados por los Green Bond Principles.
• Fondos temáticos ESG: Morningstar registró flujos récord en 2023 hacia fondos que combinan exclusión sectorial, economía circular e innovación limpia.
• Inversión de impacto: Superando los 1,2 billones de dólares en 2022, se concentra en acceso a servicios básicos, inclusión financiera, agricultura sostenible y vivienda asequible.

Asimismo, la aplicación de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial facilita la trazabilidad de datos, combate el greenwashing y mejora el análisis de riesgos sociales y ambientales.

Regulaciones y soluciones para el futuro

El próximo desafío regulatorio gira en torno a la revisión de la SFDR y la implementación del SFDR 2, para dotar de mayor claridad y coherencia a los distintos niveles de fondos. El objetivo es armonizar definiciones, metodologías y requisitos de información para evitar prácticas engañosas.

Iniciativas como Eco-Track, impulsada por el Consejo de Finanzas Sostenibles, ofrecen a las pymes un marco sencillo para reportar sus indicadores ambientales y sociales, facilitando el acceso a financiación dirigida.

Otras propuestas incluyen:

• Incentivar fiscales para fondos artículo 9, fortaleciendo su atractivo y diferenciación.
• Programas de educación financiera en sostenibilidad para inversores minoristas e institucionales.
• Desarrollo de indicadores comunes basados en GRI, SASB e ISSB, que reduzcan la fragmentación en el reporting.

Conclusión: un llamado a la acción consciente

La transición hacia un sistema financiero que combine rentabilidad y impacto social exige un compromiso colectivo: reguladores, gestores de activos, empresas y sociedad civil. Solo así podremos escalar proyectos transformadores y garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible.

Es momento de llamar a inversiones conscientes para el futuro, donde cada euro invertido esté alineado con un propósito social claro y medible. Construyamos juntos un horizonte próspero que beneficie al planeta y a las generaciones venideras.